Los riesgos de la minería sobrepasan anuncios oficiales en Venezuela

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Tras el lanzamiento del Petro, Nicolás Maduro anunciaba su deseo por convertir a Venezuela en pionera del ecosistema de criptomonedas. No obstante, así como las características del Petro sugieren que se trata de una estafa, los acontecimientos políticos también demuestran que dicho anuncio es otra pantalla en la que se oculta su régimen autoritario, represivo y corrupto. Hace algunos meses, el gobierno del país latinoamericano, realizó un llamado a los integrantes de la comunidad minera con el objetivo de crear un registro nacional. En lugar de generar confianza, la convocatoria despertó mucha suspicacia debido al largo historial de persecución a mineros y expropiación de sus equipos. Al menos, 400 mineros fueron extorsionados o encarcelados por el gobierno venezolano entre el 2016 y 2017. Una orden emitida por el Ministerio Público en el año 2016, en conjunto con los cuerpos de seguridad del Estado, exigía que se identifique a aquellos individuos que estuvieran realizando actividades de minería digital, presumiendo que estos podían estar incurriendo en delitos como lavado de dinero o delincuencia organizada. La falta de conocimiento de las entidades correspondientes, sumada a la ausencia de un marco regulatorio legalizado, causó la interpelación y extorsión a mineros de criptomonedas. Los testimonios de los afectados incluso han develado casos de extorsión por parte de cuerpos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), con exigencias de altas sumas de dinero para poder recuperar maquinaria incautada. Por un lado, la postura del gobierno venezolano posee una apariencia abierta hacia el uso de criptomonedas y minería digital. Por el otro, ejecuta medidas restrictivas para la comunidad de criptousuarios que residen en su territorio. A mediados de mayo, por motivo de una resolución gubernamental, las principales compañías de envíos internacionales, anunciaron a sus clientes  que no podrían enviar dispositivos mineros, tarjetas de videos ni computadores a Venezuela.

Irregularidades expuestas en entidades aduaneras

Los residentes venezolanos constantemente han denunciado la entrega de mercancías manipuladas o incompletas por parte de las aduanas. Los operadores de comercio internacional del país se suman a la lista de afectados, puesto que −adicional a lo mencionado previamente− aseguran haber realizado pagos extra (denominados ‘vacunas’) con la finalidad agilizar y garantizar la integridad de sus pertenencias. Tras la oficialización del documento No. 183/2018 con fecha del 31 de mayo, dirigido a las empresas dedicadas a prestación de servicios de courier y de mensajería, se indica: “(…) en aras de destrabar las barreras burocráticas que se han impuesto algunas instituciones privadas de oficio, mediante la presente comunicación [la SUPCACVEN] INSTRUYE Y ORDENA a los servicios de encomienda internacional a nivel nacional a SUPRIMIR de manera inmediata la exigencia del CERTIFICADO DE ORIGEN Y/O FACTURA DE COMPRA a los importadores de equipos de minería digital (…)” Tan solo una semana antes, se emitió un anterior comunicado relatando exactamente lo contrario, es decir, se imponía la restricción de importación de artículos relacionados (procesadores, tarjetas de memoria, equipos de computadoras, etc.). En un escenario incierto y falta de coherencia entre los planteamientos versus las ejecuciones, resulta extraño que una nación con tantas restricciones al comercio y con control de cambio, tenga una postura tan abierta al ingreso de este tipo de tecnología. Con esto surgen algunas interrogantes: ¿Quién se encuentra detrás de estas regulaciones y procesos? ¿Es correcto dejar de revisar el origen y la factura de los equipos mineros, o, acaso se vulnerarán más derechos de la criptocomunidad, al tiempo que se abrirá la puerta para actividades irregulares y criminales que deslegitimen el uso de criptoactivos? 

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